Un importantísimo texto constitucional aún vigente

La Constitución Española de 1978 afronta un nuevo aniversario con el consabido debate acerca de la necesidad de una reforma  que, esta vez, parece más profundo y serio por una doble circunstancia: el anuncio de desacato del Parlamento catalán y la coincidencia con una importantísima campaña electoral, en la que la necesidad de ajuste forma parte del programa electoral de prácticamente todos los partidos.

Sería absurdo negar que de una vez  por todas parece evidente la necesidad de una reforma del texto constitucional que permita retomar la senda de la unidad de todos los españoles, retocando el modelo de Estado y asentando derechos sociales que hoy en día son irrenunciables para la mayoría de los ciudadanos, como la salud, sin ir más lejos.

Pero creo que mientras llega o no esa reforma como un mandato de la mayoría del pueblo español puesto de manifiesto a través de sus representantes legítimos, resulta temerario e injusto pretender que nuestra Carta Magna ha perdido vigencia, legitimidad o músculo.

Cuesta entender, por ejemplo, que haya quien ponga en duda la legitimidad del texto dando a entender que fue fruto de un pacto entre partidos y no expresión de la voluntad de un pueblo. Hace unos días hemos celebrado el cuarenta aniversario de la muerte del dictador, y con él, de la Dictadura. Un año después, los españoles éramos convocados a las urnas para votar en referéndum la Ley para la Reforma Política, que abría el proceso para la convocatoria, tres meses después de las primeras elecciones libres desde 1936, para constituir un parlamento cuya principal misión fue consensuar un texto constitucional que, en diciembre de 1978, sería aprobado por los ciudadanos de forma abrumadoramente mayoritaria.

Y en torno a ese texto constitucional ha girado el mejor y más largo periodo de paz, libertad y prosperidad de nuestro país, no exento de graves problemas, intensos desafíos, y profundos cambios políticos, sociales e institucionales. Cierto que jamás se había afrontado un desafío institucional de la gravedad del que aprobó por mayoría el Parlamento Catalán. Pero no es menos cierto que el cierre de filas de los partidos más importantes en la defensa de la Constitución de 1978 como referencia y única vía aceptable para su propia transformación, demuestra su plena utilidad como garantía de democracia y libertad.

¿Que los socialistas entendemos que sería un buen momento para repensar algunos aspectos de nuestro modelo de Estado? Por supuesto. Pero desde la afirmación constitucional de que la soberanía  reside en el pueblo español en su conjunto,  y desde el respeto a las vías de reforma que la propia Constitución establece. Y nunca desde el chantaje o el ataque directo a la unidad territorial de España.

Celebremos hoy, pues, que aquella Constitución que tanto esfuerzo, sacrificio y voluntad de consenso exigió, sigue garantizando el imperio de la ley, la democracia como sistema y la libertad para sentar en el parlamento incluso a quienes no comulgan ni con ella ni con el Estado que cohesiona y garantiza. Porque sin presiones ni desafíos, podremos hablar de cambios y encajes más actuales como el estado federal, que es una senda de unidad y colaboración entre territorios y personas, o la afirmación de derechos sociales que jamás pueden volver a ser puestos en entredicho, como un logro de la sociedad en su conjunto.

Contamos con un importantísimo texto constitucional aún vigente y, bajo su amparo,  con las más altas cotas de libertad y progreso de la Historia de España. Eso es hoy lo importante.